En Mejillones hay 5.8 hectáreas tomadas ilegalmente y nadie hace nada. Quienes usufructúan son políticos de la Concertación y pequeños empresarios. Las únicas reacciones que se conocen tienden a favorecer esta acción ilegal, como el Core que ofrece financiamiento para estudios de urbanización y la seremía de Bienes Nacionales, que promete regularización. Existe un evidente daño fiscal porque estos señores no le pagan un peso a nadie y tampoco nadie les cobra nada. ¿Cómo puede pasar eso si hemos visto en la televisión como otras famosas tomas han terminado con desalojos? La respuesta es simple: en la Región de Antofagasta existe un evidente estado de corrupción y esta se manifiesta meridianamente en la situación de las 5.8 hectáreas que Agpim mantiene ocupada en Mejillones.

            Tal vez la palabra corrupción suene dura e injusta, pero como evitar usarla si al resto de los chilenos el Servicio de Impuestos Internos los sanciona por no otorgar una boleta, debido al daño fiscal que esto genera y en cambio, el Fisco es tan generoso y comprensivo en el caso de la toma ilegal en Mejillones. Conste que no quiero insinuar que se debe a que ésta fue promovida por un ex concejal PPD, ejecutada por un candidato a concejal DC y apoyada por un intendente PPD que ya dejó el cargo.

            En Mejillones las cosas funcionan a otro ritmo. Acá nadie reclama por nada. Además acá la Contraloría solía encontrar todo correcto. De hecho en Mejillones el año 2001 todos creían que las actas del Concejo Municipal eran secretas. Contraloría corrigió esa situación porque yo lo pedí, pero el Contralor de ese entonces no sabía si las actas de una sesión pública del Concejo eran públicas y se demoró un año en averiguarlo. En aquella ocasión todos me negaron un acta pública. Bueno... es lo que hay.

ESPECIAL REALIDAD

             Todo esto de la Contraloría lo cuento a objeto que Ud. se sitúe en la realidad de Mejillones. Una comunidad donde no existe la capacidad de asombro. Ocurren los hechos más patéticos y nadie se da cuenta. Bueno, yo creo que varios se dan cuenta, pero son pocos y no tienen el ánimo ni la capacidad ejecutiva de plantear su malestar. Acá no existe organización para defender derecho alguno. Se tomaron cinco hectáreas de terrenos y nadie reaccionó. Ni siquiera a quienes le pagan por cautelar el orden público y los bienes fiscales, como es el caso de Carabineros y los inspectores municipales.

            El único que reaccionó -para variar- fui yo. Igual que en el caso de las actas secretas y de otras varias situaciones anómalas. ¿Saben por qué lo hice? Porque me parece terriblemente injusto que a los pobres les hagan casas sociales de tres metros de frente por ocho de fondo y que a personas con mucha plata le pasen hectáreas de terrenos gratis. Me parece totalmente inequitativo que quienes respetan la ley y las instituciones no tengan terrenos y que quienes la violan tengan no sólo los terrenos, sino financiamientos Core para urbanizar y promesas de Bienes Nacionales para regularizar.

            Porque si un matrimonio joven se adentra en la pampa y levanta una pieza de cholguán lo desalojan altiro ¿o no? (me está comenzando a entrar la duda... como parece que todo anda al lote... en una de esas no).

 ENTREGA BRUJA

            Bueno. ¿Como reaccioné? Partí de la base que si en El Mercurio el intendente Jorge Molina aparecía el 20 de febrero del 2004 junto a la seremi de Bienes Nacionales entregando a Agpim 5.8 hectáreas de terrenos, aquí debía hacer una confusión, porque él vino firmar un convenio de mutua cooperación, jamás a una entrega de terrenos, porque de ser así estaba violando flagrantemente la Ley 1939, que norma esa materia.

            Ante tanta generosidad verbal de la autoridad... ¡que le dijeron a Agpim! algunos de cuyos integrantes se cambiaron ipso facto. Otra situación irregular: nadie fiscalizó esa ocupación. Nadie pidió documentos que acreditaran la pertenencia de la tierra ni menos cobró derechos municipales, como el de construcción. Hubo pérdida fiscal por todos lados!!!

            Ante eso. Hice tres cartas. Una para el Consejo de Defensa del Estado, por el perjuicio fiscal que genera esta toma. Otra para Contraloría, debido a las evidentes fallas en el proceso administrativo. Estas fallas se podrían resumir en que existieron autoridades promoviendo tomas, por lo tanto evitaron el remate que es el procedimiento que contempla la Ley 1939 y fallas en el sistema de cobros de derechos municipales. Ambas situaciones perjudicaron severamente las arcas fiscales. La última fue para Gobernación Provincial, órgano encargado de ordenar el desalojo cuando fuese pertinente.

            De las tres, dos me fueron contestadas y una aún la espero. Paradojalmente, quien ha tenido una actitud más proba y transparente ha sido precisamente quien no me contestó, que es la Gobernación. Tanto el Consejo de Defensa del Estado como la Contraloría se declararon técnicamente incompetentes; pero lo peor, se basaron en una mentira totalmente insustentable.

 RESPUESTAS

             El Consejo del Defensa del Estado, mediante oficio 3954  del 12 de mayo del 2005 me señaló que “...se ha podido determinar que Ud. en el año 2002 hizo una denuncia por los mismo hechos ante la Contraloría Regional de Antofagasta...” la que tras una investigación determinó que “los terrenos objeto de la denuncia no eran fiscales sino particulares. Por lo anterior no es posible acceder a su solicitud ejerciendo acciones judiciales, pues, aún cuando efectivamente existiere la ocupación ilegal advertida por Ud. el Fisco carece de la legitimación activa necesaria para actuar en consecuencia”. Jorge Baez Asenjo, jefe División de Defensa Estatal.

            Bien. Ahora la respuesta de Contraloría. Esta me llegó bajo la forma del dictamen 26260 del 5 de junio del 2006. Manifiesta que el organismo “sólo emite  informes a petición de las autoridades de Gobierno, de los Jefes Superiores de Servicio y, excepcionalmente, a solicitud de particulares, cuando se les ha denegado algún derecho... circunstancias que no concurren en la especie, motivo por el cual se abstiene de evacuar el pronunciamiento solicitado” Lo firma Gastón Astorquiza, subcontralor general de la república subrogante. 

MENTIRA INSUSTENTABLE

             Veamos. El Consejo de Defensa del Estado se declara incompetente porque Contraloría le dice que yo ya hice la denuncia el año 2002 y que los terrenos son particulares. Pero eso es mentira. Es una mentira evidente que hasta Ud. mismo, como lector la puede comprobar sin tener ninguno de los documentos con los que yo avalé mi presentación. Yo estoy denunciado ante el Concejo de Defensa una situación ocurrida el año 2004. La ocupación ilegal de Agpim ocurrió el 2004 y no tiene la más mínima relación con la presentación que yo realicé ante Contraloría el año 2002, que se refería a otros terrenos.

            Uno entonces no puede evitar impresionarse por la terrible falta de escrúpulos de los fiscalizadores del CDE, porque ellos no tenían por qué preguntarle a Contraloría sino a Bienes Nacionales. Pedirle el plano de las 5.8 hectáreas que el intendente Molina entregó irregularmente a Agpim mediante acto público el 19 de febrero del 2004 en Mejillones. Ver allí cual terreno es particular y cual es fiscal. Pero no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Más digna fue la respuesta que me entregó Contraloría que se limitó a mandarme directamente a buena parte sabiendo que no podían mentirme una vez más.

 ¡NADIE HACE NADA!

             Por último me queda Mejillones. Lo más irritante de la Municipalidad de Mejillones y del Concejo Municipal es que cuando uno pregunta por qué no cobraron los derechos de construcción a Agpim, la respuesta es que “no podemos porque se trata de una toma”. Es decir, están al tanto del ilícito, están al tanto del daño fiscal que produce el ilícito y no hacen nada. ¿No estarán incurriendo todos en notable abandono de deberes? porque su deber es cautelar por los recursos municipales, no hacerse los tontos... porque eso sí se llama corrupción.

            Teminaré por hablar de la Gobernación. Jamás me respondió la carta. Cuando he consultado siempre ha habido un profesional que me ha recibido, me ha escuchado y se ha sorprendido. En todas las administraciones ha sucedido lo mismo. Siempre he ido más bien molesto y he debido modificar mi actitud porque he advertido un aire que no existe en otros lados, que falta en otros lados. Ese aire de querer hacer las cosas bien y escuchar desprejuiciadamente a quien expone algo. Eso lo valoro como también la actitud del municipio mejillonino, que gracias a la acción de profesionales como el Consejero Regional Alberto Rivera y el Consejero Cultural Raúl Mavrakis le están dando un alto vuelo a la gestión que allí se realiza.

            Todo esto lo digo con un sólo objetivo. Hay acciones que están ocurriendo ahora y que se pueden calificar únicamente como corrupción. Y eso no le hace bien a nadie, porque las personas pasan, pero las instituciones quedan. Esta corrupción se basa en un esquema mental de personas que creen ser fieles a un Gobierno o a un partido por el sólo hecho de tratar de enmendar los errores a la mala. Bueno. Les digo con claridad que no puede haber fidelidad basada en la corrupción sino al contrario, esa actitud no es más que una traición a la democracia.